Sobre el falso conflicto entre el Gobierno y el monopolio de las eléctricas

El pasado 14 de septiembre el Gobierno anunció que aprobará un plan de choque para rebajar el precio de la electricidad. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros por Real Decreto-Ley, una norma que “combina medidas generales que benefician a todos los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial” y con el objetivo de rebajar hasta un 22% la factura de la luz de aquí a final de año. La patronal del sector nuclear ha mostrado activamente su desacuerdo y amenaza con cesar la actividad de las siete plantas nucleares que hay en el Estado español, poniendo en riesgo entre el 22 y 23% de la producción eléctrica.

Aunque el desarrollo de los acontecimientos narrado por la prensa haga parecer que la coalición progresista se plante ante las eléctricas y haya un conflicto entre Gobierno y oligarquía financiera, esto no es cierto. Nada más lejos de la verdad, las medidas estrella del plan de choque para bajar el precio de la luz no confrontan directamente con las eléctricas: se trata de una bajada de impuestos o alargar temporalmente la exención de los mismos, sumado a una reordenación impositiva de los impuestos y tarifas ya existentes a todos los sectores. La disputa con el Foro Nuclear -la patronal española del sector- entra en la lógica de años pasados, siguiendo el hilo de penalización a la energía nuclear frente a las otras. El relato de enfrentamiento entre el Gobierno y las nucleares no es por el precio de la subida de la luz, sino por las medidas respecto a “la tarifa del CO2” y en qué posición le deja eso a la nuclear respecto a otras.

Para dislumbrar un poco de luz debemos analizar los dos aspectos del conflicto: en primer lugar, qué medidas concretas propone el Ejecutivo y el carácter de clase que esconde, y en segundo lugar, qué ocurre realmente con la negativa de las nucleares y qué papel juega en el monopolio del sector eléctrico español.

Las medidas del gobierno

En cuanto a las medidas, el plan de choque del Gobierno para los precios de la factura de la luz es un intento desesperado para legitimarse ante la población por su pasividad y complicidad con la oligarquía financiera, que se ha enriquecido de forma escandalosamente notoria con sucesivas subidas históricas en el precio de la luz. Las medidas son cortoplacistas precisamente para bajar rápidamente el precio de la luz, pero empeorando indirectamente otras condiciones de vida de la clase obrera: se rebaja el impuesto a la electricidad del 5,11% al 0’5%, se prolonga la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta finales de año y se utilizarán 900 millones de euros -provenientes de ingresos de las subastas de CO2- para rebajar los cargos del sistema (es decir, cantidades que se destinan para financiar las políticas energéticas).

Bajar impuestos en abstracto, no es ni puede ser una medida progresista. La recaudación impositiva repercute directamente sobre la financiación de la sanidad, la educación y otros servicios públicos de los que los trabajadores hacen uso. Esta medida es un simple parche para unos meses, nada impide que el precio de la luz cambie dentro de unos años y la clase obrera se vea ante el mismos problema, pero con menos dinero público, porque no se ataca a la base material de la subida del precio: la oligarquía financiera que controla el monopolio eléctrico. Así lo pudimos ver con la rebaja del IVA del 21% al 10% sobre la luz en junio de este año. Naturalmente los comunistas no luchamos directamente por servicios públicos del Estado, querremos derrocarlo y construir un nuevo Estado socialista, pero no podemos ni podremos nunca estar a favor de desmantelar los pocos instrumentos que tiene la clase obrera para satisfacer sus necesidades sanitarias y educativas, entre otras.

La coalición progresista también anunció que desarrollará medidas de apoyo a los “consumidores vulnerables” con la creación del suministro mínimo vital para quienes cuenten con el Bono Social Eléctrico. Sin profundizar mucho en este apoyo, el Gobierno también anunció que por el momento también se aumentará de 4 a 6 los meses de impago necesarios para la interrupción de suministro eléctrico. Esta medida incurre en los mismos problemas que trajo el Ingreso Mínimo Vital.

Ya hemos visto cómo las medidas no son realmente progresistas, tienen un corte clasista y no atacan a la oligarquía financiera directamente. ¿Entonces por qué la negativa de las nucleares a las medidas?

La negativa de las nucleares y el monopolio eléctrico

El Real Decreto-Ley del Gobierno añade, además de la bajada de impuestos y la reordenación del mapa impositivo, un rejonazo de 2.600 millones de euros hasta 31 de marzo de 2022. Esta detracción no es una nacionalización ni nada que se le parezca, sino estimaciones de lo que las eléctricas pueden dejar de ganar -que no perder- al imponer un precio de gas a 20 euros/Mwh, que equivale a la media de negocio del Mibgas desde su existencia. El Gobierno no ha anunciado cómo utilizará los 2.600, pero asegura que será una propuesta similar al de los “dividendos CO2”. De manera similar se pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las centrales nucleares que operan desde antes del 25 de octubre de 2003, antes de que la Unión Europa estableciera el mercado de derechos de misión de CO2.

Según datos de la Red Eléctrica de España (REE), las centrales nucleares han producido 55.761 Gwh en 2020, lo que las convierte en la tecnología que mayor producción neta ha aportado al sistema eléctrico estatal con un 22,18% del total. Las nucleares llevan siendo líderes del sistema eléctrico español desde 2011, y sin embargo, se planifica el cierre de todas las plantas nucleares en 2035. La política de los “dividendos del CO2” es la continuación natural de la política nuclear española de los últimos años. Por eso el Foro Nuclear, patronal del sector, denuncia la “excesiva presión fiscal” y la “penalización a la generación eléctrica de origen nuclear” que sufren.

En la denuncia de las nucleares también se ha amenazado con el cese de la actividad en todas sus plantas. En una reciente entrevista en la televisión Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, ha matizado sus palabras y dice que “no estamos amenazando al Gobierno de España” y “sabemos que no podemos cerrar las plantas,” pero instó al Gobierno a la negociación porque con la carga impositiva de las nucleares que ya está al 42%, es insostenible la situación.

No es cierto que sea insostenible a nivel financiero. La energía nuclear es barata, limpia y produce gran cantidad de energía. Las nucleares no son empresas ellas solas sino que pertenecen a macrogrupos de empresas asociadas entre sí, pertenecen al oligopolio de la electricidad española. Han producido miles de millones de euros, tanto beneficio directo -la propia venta- como indirecto -lo que se pueda ganar con la especulación al producir tanta cantidad de energía y por distribuir mercancías y precios a voluntad-. La oligarquía financiera controla las nucleares, y las utiliza como caballo de batalla contra el Gobierno para evitar que, aunque la medida no le causa grandes pérdidas al monopolio de la electricidad, vayan más allá.

El monopolio eléctrico es clave en el precio de la luz. Debemos recordar que los monopolios son acuerdos entre distintos capitalistas para maximizar sus beneficios, y eso ocurre con el sector eléctrico. Tan solo 5 grandes empresas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP) que superan el 90% de las ventas y controlan las cuatro actividades principales (generación, transporte, distribución y comercialización). Tampoco podemos olvidar que el monopolio del sector está blindado por la propia legislación burguesa gracias a la Ley del Sector Eléctrico y sus sucesivas modificaciones, y que la ley de liberalización posterior solo afectaba a las comercializadoras.

Las siete plantas nucleares que están en en Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona) son propiedad de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El anuncio de la ministra Teresa Ribera tras el Consejo de Ministro afectó negativamente a la bolsa, con una caída de 1,05% para Naturgy, un 0,17% para Iberdrola y un 2,55% para EDP, la más afectada.

El monopolio de la eléctricas supone un verdadero control y explotación de la oligarquía financiera a la clase trabajadora. Es capa dirigente de la burguesía dentro del Estado imperialista, y así lo demuestra, impulsando a nuevos partidos y políticos cuando quieren que gestionen su Estado, dejándolos caer en desgracia cuando ya no les sirve o pegando toques de atención a sus actuales gestores. La subida o bajada del precio de la luz no está relacionada con la estructura del sistema eléctrico español, no tiene que ver con cuestiones técnicas del tal u otra industria es más productiva o tal u otra regulación permite una mayor democratización del sector, como defiende la ministra Teresa Ribera. El problema del precio de la luz está ligado a la maximización de los beneficios de las eléctricas, a la fase monopolista del capitalismo. Cuando actúan los gobiernos es cuando la subida es tan escandalosa que afecta a la propia vida de los trabajadores, y para que no haya problemas con la reproducción de la fuerza de trabajo, legisla lo justo y necesario mediante parches.

¡Ni monopolistas ni gestores del Estado!

¡El capital dicta, el Gobierno obedece!