Ni aulas inseguras, ni brecha digital

Ni una educación al servicio del capital

Desde el comienzo de la pandemia se ha realizado una gestión nefasta por parte de las universidades. Los estudiantes hemos sufrido problemas tales como la semipresencialidad como método docente, así como la carencia de espacios de estudio y aulas que garantizasen nuestra seguridad. Muchos de los inconvenientes con los que nos hemos encontrado no nacen con la pandemia, sino que forman parte de un proceso de infrafinanciación que llevamos padeciendo de manera sistemática desde hace tiempo. Hablamos de un sistema educativo público incapaz de amoldarse a los cambios que exige la situación de excepción sanitaria en la que nos encontramos. Esta es una realidad que se ha hecho latente durante el periodo de examinación presencial en las universidades públicas de todo el Estado español.

En las últimas semanas hemos visto cantidad de aglomeraciones a raíz de los exámenes que han tenido lugar en las universidades públicas. Esto no es más que una consecuencia directa de la ridícula gestión por parte de las universidades. En territorios como el País Valencià, donde se está viviendo una oleada masiva de contagios, las medidas sanitarias se han visto aumentadas en todos los ámbitos a excepción de los centros de estudio. En estos se han mantenido los exámenes según el plan que trazaron a inicios de curso, en una situación completamente diferente a la actual. La consecuencia directa de esta falta de previsión es un ataque a la salud de los estudiantes de clase trabajadora y sus familias.

En los últimos días hemos visto centenas de imágenes de facultades abarrotadas de estudiantes que acudían a ser examinados. Esto se produjo en una condiciones incompatibles con las restricciones impuestas. No solo no se cumplía el distanciamiento social, sino que las únicas medidas tomadas fueron el suministro de gel hidroalcohólico y mantener las ventanas abiertas durante la realización de las pruebas. Cabe recordar que estas se llevaron a cabo durante la ola de frío, por lo que los estudiantes tuvieron que enfrentarse a la realización de las mismas en aulas que se encontraban por debajo de los 10ºC. Nosotros sabemos que esta situación podría haberse evitado con una buena planificación por parte de los centros, con la habilitación de aulas seguras y cómodas para los alumnos.

Esta situación generó una destacable indignación entre los estudiantes, los cuales manifestaron por redes sociales la necesidad de soluciones para no verse expuestos al virus. Estas reivindicaciones no tuvieron respuesta por parte de las instituciones, y es que esta situación solo puede ser revertida a partir de la organización y la acción colectiva.

Mientras sufrimos esta precaria situación en los centros públicos, vemos como las universidades privadas sí que establecieron protocolos que aseguraban la seguridad de sus estudiantes. En todo esto podemos contemplar un claro componente de clase.

Tras el paso de los exámenes nos encontramos con la problemática que supone el paso a la educación telemática. El acceso a medios suficientes para la examinación online, o para seguir la docencia telemática, no está al alcance de todos. Establecer este método educativo supone olvidar una realidad material a la que nos enfrentamos una gran cantidad de estudiantes de clase trabajadora: la brecha digital. Es un hecho tangible que no todos los estudiantes disponen de un dispositivo electrónico personal con el que seguir las clases on-line, así como no todos ellos cuentan con una red wifi de calidad o una buena cobertura con la que conectarse a las clases. La digitalización de la enseñanza ha supuesto que muchos estudiantes se hayan quedado al margen, y esto es una muestra más de cómo somos los estudiantes de clase trabajadora los que, de manera sistemática, pagamos los golpes de la mala gestión de las instituciones. Somos nosotros los que no solo hemos sido puestos en peligro como consecuencia de los ridículos protocolos sanitarios diseñados por las universidades, sino que también somos nosotros lo que nos enfrentamos a la falta de medios para continuar con nuestros cursos.

Nos niegan la presencialidad, nos condenan al abandono de nuestros estudios.

A la vez que sucede todo esto se criminaliza a la juventud, la misma juventud que estudia en las universidades públicas y que ahora está poniendo en riesgo su salud. Como ejemplo tenemos la campaña que se realizó en el metro de Madrid antes del inicio de las vacaciones navideñas. Esta campaña, intentaba justificar las medidas sanitarias que se iban imponiendo, señalando a los jóvenes como principales responsables.

Sin embargo, las medidas nunca han tendido hacia una mayor inversión en los transportes públicos, con tal de evitar aglomeraciones, o hacia un aumento de las inspecciones de trabajo para controlar que se respetan las medidas sanitarias en los centros de trabajo, uno de los principales focos de contagio durante toda la pandemia.

Lo que podemos ver, es que las medidas sanitarias adoptadas desde el inicio de la pandemia están anteponiendo los intereses privados a los colectivos. A consecuencia de esto, estamos viviendo una situación epidemiológica con cifras de contagio superiores a las de marzo en algunos territorios. Colegios de médicos y expertos contrastados han advertido públicamente de la necesidad de un confinamiento domiciliario, sin embargo la decisión de las instituciones burguesas es únicamente restringir el ocio, manteniendo la actividad laboral. Las cifras nos muestran que esta no es la solución y que las medidas no son suficientes para las necesidades sanitarias, sino que se está primando el beneficio del capital a los intereses de los trabajadores que cada día sufren más y más contagios, a la par que los estudiantes de familias trabajadoras.

Las instituciones están utilizando el COVID-19 de forma instrumental, ejemplo de ello son la reducción de horarios de bibliotecas, o el cierre de espacios de comida en las universidades, siempre con el pretexto del riesgo. Sin embargo, estas medidas no iban acorde con el cierre de cafeterías privadas, o la contratación de una mayor cantidad de personal de limpieza para poder desinfectar las zonas de uso de los estudiantes y hacer servibles estos espacios que tanto necesitan gran parte de los estudiantes de clase obrera.

La infrafinanciación en la educación pública se está haciendo notar cada vez más, y la situación actual ha dejado clara la ineficiencia de las instituciones para garantizar la seguridad de sus estudiantes, a la vez que se garantiza una educación de calidad. El resultado es claro, ni hay seguridad, ni hay calidad.

Como Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores no podemos menos que exigir a las instituciones que garanticen unas condiciones de seguridad mínimas al estudiantado. No podemos conformarnos con aceptar las carencias de la gestión del sistema educativo burgués. Por ello nuestra única herramienta es la organización y la movilización, si no, seguiremos pagando esta crisis los estudiantes de clase trabajadora.

Es necesario apostar por un ciclo movilizador que señale las deficiencias de la gestión burguesa en la educación y genere un tejido asociativo entre todos los sectores de clase trabajadora del movimiento estudiantil.

¡Que luchar valga la pena!