La pobreza energética: el beneficio sobre la vida

La pobreza energética asociada a la incapacidad de las familias para cubrir las necesidades de disponibilidad energética y mantener una temperatura adecuada en sus hogares vuelve a crecer en España y afecta al 9,1% de la población.

Este término no constituye un tipo específico de pobreza, sino que por el contrario, es la consecuencia directa de la precariedad a la que aboca el capitalismo a las familias obreras, reflejada en su incapacidad de mantener un consumo energético suficiente para vivir en unas condiciones básicas y dignas.

Según la Cruz Roja, el 50% de las familias en situación precaria que atienden han de elegir entre pagar los gastos básicos, llevar una alimentación adecuada o calentar sus hogares.

Por otro lado, según los datos que proporciona la Asociación de Ciencias Ambientales, esta cifra podría ser incluso mayor llegando a afectar a cerca de 6 millones de hogares, el 15% de la población, cifras que se podrían disparar con la crisis de la Covid-19.

Cada día se realizan 200 nuevas solicitudes del bono social eléctrico, el único descuento (entre el 25 y el 40%) que pueden conseguir los hogares vulnerables sobre la tarifa de la luz.

Según los expertos, el acceso a estas ayudas continúa siendo insuficiente, puesto que se benefician poco más de 1’33 millones de las 6 millones de personas afectadas. Las asociaciones que representan a estos colectivos como Alianza contra la Pobreza Energética o FACUA piden alternativas para evitar los cortes de luz o facilitar los pagos para las familias sin recursos.

Y es que, pese a que el Gobierno aprobó algunas medidas durante el Estado de Alarma como la prohibición a las empresas de cortar cualquier suministro del domicilio habitual, este solo duró hasta el 30 de septiembre.

Tal y como denuncian: “El Gobierno no ha previsto qué hacer con estas familias a partir de ahora dejándolas expuestas a merced de las compañías eléctricas. Una mujer de 70 años, por ejemplo, con una pensión de 700 euros, que es el perfil más común entre los mayores en pobreza energética, no está protegida ahora mismo ante los cortes por impago”.

Desde su plataforma aseguraban que de no tomar medidas en aquel momento, en los próximos meses se generaría una oleada de cortes de suministro al caducar la moratoria de cortes el 1 de octubre y que ya había familias que estaban recibiendo cartas de aviso. De hecho, desde FACUA se afirma que se han realizado unos 30.000 cortes de suministro por impago desde el levantamiento de la prohibición de interrupciones el pasado 30 de septiembre.

Pese a que estas ayudas se sitúan en máximos históricos y se han ampliado nuevos casos como trabajadores en paro o ERTE, según estas asociaciones los bonos no llegan ni a la mitad de las familias que lo necesitan.

Por otro lado, se ha constatado una mayor incidencia de la pobreza energética en familias monoparentales, desempleados, pensionistas, familias con menores a cargo, familias con bajo nivel educativo y familias extranjeras que provienen de países no europeos.

Uno de los colectivos más afectados es el de los pensionistas, especialmente las mujeres.

Según datos previos a la pandemia de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 20% de los hombres mayores que viven solos y sobre el 29% de las mujeres mayores que viven solas en grandes ciudades podrían estar en riesgo de pobreza energética.

Aquellas familias que no se encuentran protegidas por el bono social o entre las que figura algún menor de 16 años, persona con discapacidad o situación de dependencia se mantienen completamente vulnerables ante la situación gravemente recrudecida en el marco de la pandemia, frente a las compañías energéticas que protegen su beneficio sobre la subsistencia y la vida de las personas, con la complicidad de un gobierno incapaz de garantizar bajo este sistema el bienestar de todos los trabajadores y sus familias.

No hay futuro ni garantías para las familias obreras en el capitalismo, y ni el más progresista de los gobiernos puede revertir los principios de un sistema en el que el capital siempre prima sobre la vida. No puede haberlo en un sistema que no se estremece cuando miles de familias sufren cortes de luz, falta de acceso a energía, exposición a las bajas temperaturas en invierno, riesgo de enfermar y de forma general, la cobertura de sus necesidades más básicas, fortaleciendo, por el contrario, la posición de quienes se benefician de esta vulnerabilidad.

Por muchos parches que el gobierno trate de poner a la crisis del Coronavirus, la irreformabilidad del sistema y las contradicciones inherentes a este hacen cada vez más imprescindible la organización y la lucha.