La Constitución, el rey emérito y la corrupción

Durante los últimos días se ha destapado, de nuevo, un escándalo más del rey emérito Juan Carlos I de Borbón, coincidiendo esta vez paradójicamente con los días previos y posteriores al 6 de diciembre Día de la Constitución. Consecuencia del intento de regularizar su situación fiscal en una maniobra de lavado de imagen pública de la monarquía, pagando 678.394€ (una cantidad de miseria para la fortuna que amasa, comparando con los 65 millones de euros que regaló a su amante Corinna Larssen) se descubren más regalos, donaciones y movimientos fiscales relacionados con importantes empresarios (como el mexicano Allen Sanginés-Krause) y nuevas cuentas en Suiza que se gestionaban desde el anonimato y la máxima discreción.

A nadie sorprende ya los movimientos del monarca, sumándose a una larga trayectoria de escándalos públicos de tráfico de influencias, privilegios fiscales y corrupción a todos los niveles; sorprende aún menos la total impunidad que goza la Casa Real, normalizado por activa y por pasiva por los propios políticos burgueses. La propia Isabel Díaz Ayuso afirmó, sin pudor alguno, que “el rey no es un ciudadano más” y “la justicia no es igual para todos”. en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Lejos de ser cierto el relato de “un buen rey, pero con errores en su vida privada” que imponen los medios de comunicación mayoritarios, la impunidad de la monarquía no es un caso aislado del titular de quien ostente la corona en un momento dado. La monarquía es la cabeza visible del Estado, del mito de la imparcialidad e imagen pública del mismo. La impunidad del monarca es el máximo exponente del carácter de clase de la legalidad de burguesa. El ordenamiento jurídico reprime y seguirá reprimiendo a la clase obrera, y permite y seguirá permitiendo que la burguesía siga explotando a los trabajadores, además de enriquecerse como si parásitos fueran de los chanchullos y corruptelas que les facilita la burocracia del Estado que ellos mismos controlan.

La corrupción no solo es natural a la burocracia del Estado burgués, sino necesaria para engrasar la maquinaria del mismo. La “alianza entre la bolsa y el gobierno” como decía Lenin se sirve de la corrupción y del parlamentarismo para perpetuar su dominio. Son sonados los escándalos del rey y su impunidad, pero hay cientos de “pequeños monarcas” impunes: los casos Banesto, Malaya, Pokemon, Preferentes, Castor, Taula, Brugal, CatalunyaCaixa, RTVV, Púnica, Aceinsa, abogados de Melilla, ACM, Aerolíneas Argentinas, AEXPA, Alhambra, Solar, Gürtel y un sinfín de corruptelas que se estiman en 124.124.090.826€ de gasto público. La oligarquía financiera, dirigente del Estado, procurará utilizar todos los instrumentos disponibles a su alcance para que la clase capitalista goce de la impunidad necesaria para continuar saqueando a la clase obrera. Explotación y corrupción se entrelazan en la historia del Estado burgués.

Vimos como el Día de la Constitución la socialdemocracia, símbolo de su decadencia y de su nula capacidad en defender los intereses de los trabajadores, apoyaba incondicionalmente la Carta Magna del 78. Las voces más radicales de las filas socialdemócrata apostaban por una reforma de la Constitución o por un proceso constituyente para una nueva Constitución republicana.

Desde el Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores señalamos que la corrupción en torno a la familia real no es una realidad exclusiva y propia de la institución, sino una muestra de la corrupción que es inherente al capitalismo. No poner el foco en el sistema que ampara y mantiene las corruptelas sólo desvía la atención en un intento de blanquear un ideal de democracia burguesa “ética y transparente”, y que oculte la podredumbre real del sistema capitalista.


Sin medias tintas, apostamos firmemente por la misma organización de la Revolución Proletaria. Cualquier proyecto político que no tenga por objetivo acabar con el Estado burgués hasta sus cimientos no podrá erradicará la corrupción e impunidad que a día de hoy existe.