El humo de la Ley de Vivienda

El Presidente del Gobierno anunció el pasado martes 5 de octubre que habían alcanzado un acuerdo en el seno del gobierno de coalición para presentar “la primera ley estatal de vivienda en la historia de la democracia española”. Todos los medios de comunicación y multitud de políticos de trayectoria estatal, autonómica o incluso local reaccionaron tras la rueda de prensa. Mientras que el PSOE, Unidas Podemos y otras organizaciones progresistas aplaudían la noticia, todo el espectro liberal y de derecha se oponía frontalmente: Casado anunció que las Comunidades Autónomas y Ayuntamiento del PP no aplicarían la norma por intervencionista y atentar contra la propiedad privada, mientras que catedráticos liberales de economía y derecho urbanístico de la academia advierten que esta medida lo único que hará será subir los precios y desajustar el acceso a la vivienda. Hoy en día, las declaraciones de ministros, presidentes, diputados y alcaldes sobre el anteproyecto de ley siguen ocupando las portadas de la prensa.

La verdad es bien distinta: demasiado humo para tan poco fuego. Ni las medidas del acuerdo anunciadas por el Gobierno será una mejora notable para el acceso a la vivienda como celebran los socialdemócratas, ni supone un ataque a la propiedad privada ni interviene económicamente el mercado como denuncian los liberales. El anteproyecto de ley es un buen ejemplo de dos cosas: de la impotencia de la socialdemocracia para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera cuando confronta directamente con activos e intereses de la oligarquía financiera, y del humo y el circo parlamentario que se genera a una norma que, prácticamente, no cambia nada.

Antes de nada, debemos recordar que la ley es un anteproyecto, es decir, aún debe debatirse en el
Congreso de los Diputados y someterse a enmienda y debate. Es más, no hay texto alguno del anteproyecto, sino que lo conocido es gracias a las declaraciones del gobierno de coalición. Las medidas mencionadas son las siguientes: el 30% de la nueva promoción de vivienda será destinado a vivienda protegida; bonificaciones fiscales para pequeños propietarios (menos de 10 viviendas) que bajen sus precios y una regulación de precios máximos en zonas declaradas como tensionadas.

Fuera del anteproyecto de ley, pero dentro del paquete de políticas de vivienda, se encuentra el bono de 250€ para jóvenes de entre 18 y 35 años para fomentar su emancipación.
Estas medidas no son efectivas. Empezando por la reserva del 30% de la promoción inmobiliaria para vivienda protegida, debemos tener en cuenta que la promoción inmobiliaria residencial no se encuentra en su mejor momento. Desde 2008, cuando la construcción de vivienda cayó a máximos históricos por la burbuja inmobiliaria, la promoción no ha vuelto a niveles anteriores. Es más, la propia dinámica del sector ha evolucionado, desplazando la promoción por la compra-venta. En junio de 2021 la compra-venta se incrementó un 71,75% respecto al año pasado, mientras que la promoción pasa por niveles inferiores. Esto significa que la reserva del 30% de las nuevas viviendas será mucho menor de lo esperado.

Otro de los problemas que trae consigo esta medida es qué se reserva las viviendas construidas por
las promotoras, pero el cómo y el lugar es iniciativa de la promotora. Hoy en día la promoción inmobiliaria residencial que se encuentra activa mayoritariamente es de dos tipos: promoción de lujo y promoción de reestructuración de centros urbanos e históricos (gentrificación). La ministra Ione Belarra defiende que esta medida sirve para evitar futuros guetos. ¿Es realista pensar que la clase obrera va a poder vivir en esos lugares rodeados de pequeña burguesía? La medida defendida por la ministra va justo en la línea de la guetificación.

Finalmente, el problema de la medida es en sí misma los problemas de la vivienda protegida.
Primero, porque es insuficiente: el Estado español tiene una vivienda social por cada 100 habitantes,
lejos de la media europea que llega a las 4 viviendas por cada 100. Segundo, porque su acceso no es
nada fácil, siendo un camino burocrático que en la inmensa mayoría de las ocasiones la clase obrera se pierde por el camino. La vivienda social no ayuda a la bajada de precios de alquiler, no compite contra la oligarquía financiera, es de difícil acceso y, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones tiende a la guetificación. Esta medida no es nada efectiva.

En cuanto a las bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios, el problema se encuentra en
la misma raíz de la medida: se bonifica a los propietarios y no a los trabajadores, se paga con dinero
público -o mejor dicho, se ahorra en la recaudación pública- a costa de los propietarios de varios inmuebles.
La regulación de precios es la medida más controvertida y atacada por los detractores del anteproyecto de ley. Antes de nada, debemos remarcar que realmente no se regulan los precios, ya que eso significaría realizar un estudio previo en el que según distintos factores (número de metros cuadrados, ubicación de la vivienda, distancia del casco urbano, antigüedad de la construcción, servicio y clasificación de la instalación eléctrica, etc.) se marca el coste que le supone a los trabajadores. Lo que la ministra Ione Belarra publicita como una regulación de alquileres es la fijación de un precio máximo en zonas declaradas como tensionadas. Esto trae consigo distintos problemas.
La fijación de precios por arriba, si no viene acompañado de medidas de choque reales, no soluciona el incremento de precios de los últimos años. En este sentido, el principal problema es que no es una fijación real de precios, ya que por cómo está hecha la norma no puede llevarse a cabo. La propia estructura legislativa del Estado democrático-burgués español, el Ejecutivo, el Congreso de los Diputados y las Comunidades Autónomas tienen competencias distintas. El anteproyecto de ley incide en la autonomía de los territorios del Estado para administrar y aplicar las leyes estatales en las competencias que le son propias. De este modo, la futura ley estatal de vivienda genera el marco general de entendimiento de la norma, pero su desarrollo y aplicación le compete a las Comunidades Autónomas.

Son las administraciones territoriales las que tienen que declarar ciertos lugares como zonas tensionadas y posteriormente desarrollar la aplicación de la fijación de precios. En este sentido, Pablo Casado declaró que las Comunidades Autónomas donde gobierne el Partido Popular no aplicarían esta ley. Otras comunidades, incluso algunas del PSOE han declarado que solo aplicarán una ley estatal consensuada (La Rioja) o que “no existe la posibilidad” de aplicar la ley (Aragón).
También nos encontramos multitud de alcaldías -del Partido Popular en su mayoría- que rehúsan aplicar las medidas de aplicación local que incluyen el anteproyecto, como el recargo del 150% del Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas vacías.

El gobierno de coalición es consciente que muchas de las medidas de su acuerdo no se aplicarán.
Son conscientes porque ellos mismos en las Comunidades Autónomas lo están diciendo, y porque saben cómo funciona el marco competencial de las leyes. Saber que no se va a aplicar una norma y publicitarla como un éxito, es vender humo. El PSOE y Unidas Podemos, especialmente Ione Belarra, están falseando la realidad y vendiendo humo a la clase obrera.

Sobre el bono joven de 250€, sencillamente ocurre que la juventud obrera no lo va a recibir en masa. Dejando de lado el asistencialismo, el parche que supone y que solo crea jóvenes más dependientes y no emancipados, y los temas que van con relación a esto, el gobierno no tiene intención de aplicar el bono. Primero, porque el Gobierno estima que se beneficiarán del bono unos 50.000 jóvenes. Esta cifra es un insulto, roza el 1% de las personas de entre 18 y 35 años residentes en el Estado español.

Segundo, porque igual que ocurre con otras ayudas, bonos o prestaciones, la burocracia dejará fuera a miles de personas como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas a los ERTE, pagando con retraso o directamente no pudiendo solicitarla porque falta alguna documentación o trámite.

Hemos expuesto cómo el acuerdo del Gobierno de coalición no es más que humo, mentira y falsas esperanzas para quienes creen en la socialdemocracia. ¿Por qué, sin embargo, el Partido Popular y otros agentes de la derecha y la extrema derecha liberal se oponen con todos los medios al anteproyecto de ley? Es por las dinámicas del parlamentarismo burgués y el circo que se genera en torno a él en el debate público y en los medios de comunicación.

La derecha liberal exalta la propiedad privada de forma exagerada en su exaltación abierta al capitalismo. No es verdad que sea un ataque a la propiedad privada como afirma Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ni tampoco que sea un intervencionismo salvaje del Estado, como señala Suárez- Quiñones consejero de Fomento de Castilla y León. La propiedad privada queda asegurada en todo momento, y el anteproyecto de ley no es más intervencionista que cuando el Estado ejerce el derecho a tanteo y retracto en la compra de viviendas provenientes de fondos buitre -cosa que ya hacía en el pasado-, que cuando marca guías docentes y materias en la educación, cuando establece el cierre de la minería o cuando expropia parcelas por el bien público para construir la red ferroviaria, entre otras muchas cosas.

Es fácil destapar a los políticos liberales del Partido Popular, porque todas estas medidas anteriormente citadas se han realizado con ellos mismos gobernando. El Estado interviene en todo Estado capitalista, incluso en los países con sectores estatales más privatizados o de tradición más liberal como Reino Unido o Estados Unidos, interviene y tiene que intervenir. Toda la defensa a ultranza de la propiedad privada y tildar de excesivamente intervencionista y autoritaria esta ley no es una denuncia real, es una estrategia política encaminada en el giro liberal del Partido Popular que dio con Ayuso victoriosa en Madrid y una exaltación al capitalismo como sistema superior.


No podemos olvidar que solo el PP, sino también el PSOE, son los partidos de la oligarquía financiera. El Partido Socialista no aprobaría una ley en contra de los mayores promotores y propietarios de vivienda en el Estado español, que es la propia oligarquía. El propio Ábalos, cuando fue Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana antes de ser sustituido por Raquel Sánchez, declaró sin ningún pudor que la vivienda era un bien de mercado y no comprendía tanto revuelo porque todo el mundo sabe que vivimos en “este sistema”.


Pero el circo parlamentario no es exclusivo de los detractores de la ley, sino también de sus aliados.
El PSOE y Unidas Podemos, en una clara muestra de descoordinación, han declarado cosas diferentes sobre el anteproyecto de ley. Mientras que Ione Belarra afirmaba que se iba a regular los precios del alquiler, Raquel Sánchez llamaba a la prudencia a los inversores diciendo que no se trataba de ningún ataque a la propiedad privada. El propio presidente Pedro Sánchez tendía la mano a Casado para un pacto de estado de la vivienda basado en esta norma como marco general. Profundizando en el teatro parlamentario de Unidas Podemos, debemos mencionar la doble cara que exhiben tratando de hacer de oposición al PSOE, criticando sus posiciones y la coyuntura social y económica del estado español, a la vez que se cuelgan la medalla cuando se aprueba una medalla que consideran positiva. Además, es destacable como Unidas Podemos trata de manipular al movimiento por la vivienda, mostrándose cercano a ellos a la vez que ignoran sus propuestas.

Muchos colectivos del movimiento ya han señalado estas políticas de Unidas Podemos ante la falta de hechos ante sus promesas. Pese a que Unidas Podemos trate de vestirse con una careta social y crítica con el gobierno, esto no enmascara su verdadero papel: gestores del capitalismo y la muleta del PSOE, y por extensión, de la oligarquía financiera.

En definitiva, el anteproyecto de ley estatal de la vivienda no soluciona ningún problema. Para lo único que ha servido es para la exaltación sagrada de la propiedad privada en el centro del debate político y para vender humo a la clase obrera. La sensación de rebelión de los barones del PP ante la ley por no aplicarla no es rebelión ninguna, está dentro del marco legal de distribución de competencias de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales (además, no es algo nuevo ya que en el pasado 12 Comunidades Autónomas se “rebelaron” con la LOMCE). Este es el resumen del anteproyecto de ley estatal de la vivienda.
Desde el Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores denunciamos el circo parlamentario que se está generando en torno al anteproyecto de ley y las mentiras de la socialdemocracia. El problema de la vivienda no es solo el acceso a la misma, sino también la expulsión de las familias trabajadoras que por una u otra razón son desahuciadas. No hay ninguna mención a estos desahucios ni a los problemas que suponen. El problema de la vivienda es un problema derivado de la contradicción capital-trabajo, el corazón del capitalismo.

No puede haber acceso a la vivienda, ni vivienda digna como la llama la socialdemocracia, mientras la clase obrera está en explotada en sus centros de trabajo o se encuentra en situación de desempleo. Las cínicas palabras de Pablo Casado “cualquiera que tenga una nómina puede acceder a una vivienda” evidencia como la burguesía pretende separar el problema de la vivienda al problema del trabajo y de sus condiciones.
Respecto al problema de la vivienda, los comunistas apoyamos y potenciaremos la lucha de masas en torno a esta. La lucha de la clase obrera en las organizaciones del movimiento por la vivienda se vuelve imprescindible para defendernos de la expulsión capitalista de nuestras casas y para politizar a las masas del problema que subyace: el capitalismo y el Estado burgués que lo gestiona.